PROMOCION LABORAL EN POBLACION RECLUSA (65283)

El proyecto se ejecutará en 12 cárceles ubicadas en 8 departamentos del Perú. En la ciudad de Lima, o en su departamento, se localizan los centros penitenciarios de Ancón, Chorrillos, Huacho y San Juan de Lurigancho; el resto de penales están en El Callao, Cayhuana (Huánuco), Huaraz (Ancash), Piura, Trujillo (I y II)(La Libertad), Tumbes (Tumbes) y Huamancaca (Junín). Este proyecto constituye una obra de consolidación y continuación de la llevada a cabo con éxito entre 2007 y 2009. La realidad penitenciaria peruana se caracteriza por las inhumanas condiciones de vida en los establecimientos penales, las muy limitadas oportunidades de desarrollo humano para las personas encarceladas y escasas posibilidades de reinserción laboral y social de los ya excarcelados, que sienten el estigma de su pasado carcelario. Con el propósito de presentar el marco referencial o contexto de la realidad penitenciaria en el que se desenvolverá este proyecto, conviene tener presentes algunos datos de la Oficina de Estadística del INPE: la población reclusa está en torno a las 46.000 personas, de las cuales el 6% son mujeres; el 58,8% se encuentra en prisión en calidad de procesados, en espera de juicio. La mayor parte tiene una edad comprendida entre los 18 y los 49 años; el 85% de los hombres y el 88% de las mujeres sólo cuenta, como máximo, con instrucción básica. El delito contra la propiedad es el más habitual entre los reclusos, pero cada vez se da más el delito por tráfico de drogas. La mayoría proviene de la llamada cultura delincuencial, muy desarrollada en los barrios marginales de las grandes urbes, sus familias suelen estar desestructuradas. En el interior de las mismas cárceles predomina un ambiente de falta de respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de la persona. La escasez de recursos, la corrupción, las mafias de los internos que someten a otros internos y la precariedad de oportunidades de desarrollo humano en los penales, generan ambientes conflictivos y una espiral de violencia. La idea del proyecto surgió de las demandas de apoyo a las actividades laborales que solicitan las personas encarceladas, y también las ya liberadas, a los Agentes Pastorales que tiene destacados en los centros penitenciarios la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), perteneciente a la Conferencia Episcopal Peruana y que actúa como contraparte. CEAS enmarca la intervención dentro del programa "Justicia Penal y Penitenciaria" que busca y promueve la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de las personas encarceladas y de las liberadas y tiene suscrito un convenio de cooperación con el Instituto Nacional Penitenciario. Las actividades propuestas van encaminadas a paliar el problema prioritario de subsistencia que sufren en las cárceles los internos y a favorecer su reinserción social y laboral; para ello, el proyecto cuenta, en cada uno de los 12 centros penitenciarios seleccionados, con una Unidad Productiva, creada en la anterior actuación, que sirve de foco de desarrollo económico, social y laboral para sus integrantes. Las Unidades Productivas se dedican a carpintería, cerámica, confección de telares y fabricación de calzado y artículos de cuero, y con la presente actuación se promoverán integralmente con los siguientes componentes: formación en valores y en economía social y solidaria, capacitación en gestión empresarial y asesoría técnica productiva, servicios empresariales, canales de comercialización,etc. Los beneficiarios directos son unas 700 personas (11% mujeres), de las cuales, 180 son participantes de las Unidades Productivas y 520, entre encarcelados y excarcelados, que participan en las exposiciones y ventas de sus productos facilitadas por el proyecto. Los beneficiarios indirectos son unas 2.800 familias (14.000 personas) relacionadas con la población reclusa. CEAS aporta parte del coste de funcionamiento. Manos Unidas participa financiando los costes de personal, capacitación, gastos administrativos y parte del funcionamiento.